Clamor nacional por la defensa de recursos para conservación de páramos
ASOCARS celebra el acompañamiento de gobernadores y alcaldes del país, quienes se suman a la petición de objetar el Proyecto de Ley para la protección de los páramos, ya que afecta los recursos económicos de las Corporaciones Autónomas Regionales para este propósito.
El Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, el Gobernador de Antioquia Luis Pérez, del Tolima Oscar Barreto, de Boyacá Carlos Andrés Amaya, la Asamblea de Cundinamarca y de Antioquia, alcaldes, entre otras fuerzas vivas y actores regionales del país, han manifestado su respaldo a la defensa de los recursos económicos de las CAR en el marco del proyecto de Ley para la protección de páramos, cuyo artículo 24 las dejaría sin recursos para la gestión ambiental en la región.
“El trámite de conciliación en el congreso ha generado para nuestro departamento gran preocupación ya que pretende centralizar los recursos que hoy se transfieren del sector eléctrico a las Corporaciones Autónomas Regionales dejando así sin financiación una serie de programas y proyectos alrededor del recurso hídrico”, manifestó el Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey en su petición al presidente de la república Juan Manuel Santos.
A esta se suma la solicitud del Gobernador de Antioquia Luis Pérez, quien señaló que “Lo que en un principio lucía como un loable interés del Legislador y del Gobierno Nacional de impulsar la expedición de una ley para proteger los páramos de Colombia, terminó en un desalmado raponazo a los recursos ambientales de las regiones”.
Finalmente, el gobernador del Tolima solicitó que “sean objetados o retirados, los artículos que cercenan de tajo los recursos a las CAR, por ser un instrumento centralista, que van en contra de la autonomía y el desarrollo de las regiones y porque a las claras afectan nuestros ecosistemas estratégicos, afirmó Oscar Barreto, gobernador del Tolima.
Ante las diversas solicitudes que se sumaron a la de ASOCARS, la presidencia de la República informó en oficio del pasado 9 de julio que “una vez se allegue por parte del Congreso de la República la propuesta legislativa, el Gobierno Nacional procederá a su examen bajo los señalados lineamientos constitucionales”.
Según ASOCARS este proyecto de ley tiene una vocación centralista, ya que toma como recursos financieros para su implementación dos rentas propias de las CAR: transferencias del sector eléctrico TSE y las tasas por utilización de agua, TUA, recursos generados y manejados desde las regiones, que pasarían a ser administrados y distribuidos por el Gobierno Nacional, contrariando la Constitución Política, así como la Ley 99 de 1993, respecto del manejo y destinación de los recursos para la gestión ambiental, en cabeza de las CAR, generando un manto de inconstitucionalidad sobre este texto.
